Existe un vacío legal que retarda e impide el remate de las incautaciones a los narcotraficantes. Los bienes incautados permanecen en manos de los condenados e incluso siguen siendo utilizados por sus propios familiares.

Una mesa de trabajo integrada por los subsecretarios del Interior, Mahmud Aleuy; y de Trabajo, Francisco Javier Díaz, el Ministerio de Justicia y la directora (i) del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Paulina Saavedra, tuvo lugar hoy en el Ministerio del Interior para coordinar acciones que permitan agilizar el remate de bienes que se incautan a narcotraficantes. De esta forma, se busca acelerar traspasar esos recursos a la prevención y tratamiento de drogas, como lo estipula la ley.

Según cifras del Ministerio Público, las incautaciones de dinero en efectivo aumentaron un 13,5% en 2013, lográndose incautar  más de mil millones de pesos y 106 vehículos, la mayoría de ellos de alto valor.

El tema es de especial relevancia, ya que una vez culminados los juicios de drogas provenientes del narcotráfico,  existe un vacío legal que retarda e impide el remate de las incautaciones a los narcotraficantes. El resultado de ello es que los inmuebles y vehículos incautados permanecen en manos de los condenados e incluso siguen siendo utilizados por sus propios familiares. De esta manera se está incubando una gran frustración por parte de los actores del sistema de justicia, especialmente por la fiscalía, pues advierten que transcurren los años y esos inmuebles incautados son usados por los propios condenados o por sus cercanos en vez de ser rematados para invertir ese dinero en rehabilitación.

“Uno de los problemas con este vacío legal es que, pese a que se logran condenas altas a narcotraficantes, en la práctica existen impedimentos para perseguir el lucro que mueve a los delincuentes”, advirtió el subsecretario del Interior, Mahmud  Aleuy.

La reunión entre las autoridades tuvo como objetivo resolver de qué manera se puede establecer un correcto traspaso de bienes y corregir el vacío legal que impide a la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), encargada de realizar los remates de los bienes incautados. La Dicrep, más conocida como la Tía Rica depende del ministerio de Trabajo.

En este sentido, el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz, destacó la instancia, enfatizando que esto ayudará a “subsanar” algunas dificultades del proceso.

“Estamos viendo las distintas aristas jurídicas que tiene el decomiso y posterior remate de los bienes incautados al alero de la ley 20.000 (de Drogas). Estamos viendo la manera de coordinar mejor y de subsanar algunas dificultades técnico jurídicas que han surgido en este proceso”, dijo el subsecretario Díaz.

“Establecimos una mesa de trabajo que,  en las próximas semanas, establecerá medidas de mediano y largo plazo administrativas y salidas legales”, añadió Díaz.

El dinero recopilado por estas incautaciones debiera ir en un 90% al SENDA y el otro 10% a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en casos de drogas.

En la reunión se aceleraron diversas alternativas para acelerar los remates de los inmuebles. Entre ellas destaca la posibilidad de buscar vía legislativas.

Entre 2005 y 2012 la Dicrep subastó más de 600 vehículos producto de la ley de drogas, pero ese remate nunca se ha hecho con propiedades de narcotraficantes. La razón de por qué no se hace es legal, pues para rematar un bien inscrito debe ser a nombre del fisco y no de un particular.

La gran dificultad es que los inmuebles están a nombre de los condenados. Y cuando la Dicrep ha solicitado a un tribunal de garantía que solicite el embargo, la respuesta es negativa porque este organismo no es parte del juicio.

Según estimaciones del SENDA, desde 2006 a 2012, este servicio dependiente de Interior recibió más $11 mil millones que se han invertido en prevención y tratamiento. Sin embargo, esa cifra podría triplicarse si se resuelve la burocracia del Estado y se agiliza el remate de los inmuebles.