El subsecretario del Interior señaló las medidas que el Gobierno y la empresa privada han tomado para prevenir el robo de cajeros automáticos y adelantó que desde el próximo lunes se cursarán multas a los bancos que no hayan restituido los dispensadores. Además, detalló la agenda bilateral que mañana sostendrán autoridades chilenas en Argentina.

Tras dos hora de reunión entre el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, y las autoridades de Carabineros y la Policía de Investigaciones, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, reiteró los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para enfrentar los robos a cajeros automáticos que han sufrido diversos puntos de la Región Metropolitana.

“Hemos  dicho reiteradamente que el delito en Chile se ha modernizado. Por eso tomamos las medidas adecuadas como ministerio y las policías, y hemos involucrado a la empresa privada para tener un control más adecuado de este tipo de hechos”, explicó Aleuy al finalizar el encuentro.

Al ser consultado por el plan del Gobierno para restituir los cajeros robados, en especial en zonas más populares, el subsecretario dijo que “la reposición de cajeros ha avanzado bastante. Hay algunos bancos que están retrasados y nosotros a partir del lunes vamos a empezar a multar los atrasos a partir de la normativa establecida”.

Viaje a Argentina

Mahmud Aleuy también hizo énfasis en la serie de reuniones bilaterales que tendrán ministros, subsecretarios e intendentes con sus pares argentinos para firmar acuerdos de cooperación entre ambos países.

“En términos del Ministerio del Interior, discutiremos todos los temas de seguridad limítrofe, que tiene que ver con transporte de personas, transporte de carga, y definiremos todos los acuerdos en una firma de convenio que se hará mañana entre ambos gobiernos”.

Al ser consultado, Aleuy descartó que la agenda bilateral incluya peticiones para el procesamiento en Chile de Galvarino Apablaza, imputado como uno de los autores del crimen del senador Jaime Guzmán en 1991 y que actualmente tiene la condición de “refugiado político”, entregado por el mismo estado trasandino.

Además, descartó que el Ejecutivo chileno haya contratado nuevas firmas de abogados para gestionar acciones judiciales en contra Apablaza. “El ministerio del Interior siempre ha tenido la misma firma que ha estado a cargo del caso y eso se ha mantenido. El gobierno anterior contrató una segunda empresa que apoya al estudio jurídico establecido”, señaló.