El subsecretario del Interior reafirmó que si un cajero detonado cumple con las medidas de seguridad no será multado y que “los delincuentes pensarán dos veces antes de vandalizar los dispensadores”.

Luego del robo que afectó esta madrugada a un cajero automático en la comuna de San Joaquín, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, lamentó la ocurrencia de un nuevo hecho delictual. Sin embargo, a pesar de que la explosión afectó sectores aledaños al banco, la autoridad valoró que los delincuentes no pudieran llevarse el dinero gracias a las nuevas medidas de seguridad adoptadas por la entidad bancaria.

“Establecimos con la banca un cronograma de reforzamiento de cajeros –el 60% a octubre- para que refuercen sus medidas de seguridad, y la información que tenemos es que -cuando los cajeros cumplen con ellas- la probabilidad de ser robados disminuye notoriamente. Eso fue lo que ocurrió con el cajero de San Joaquín. Los delincuentes pensarán dos veces antes de vandalizar los dispensadores”, explicó Aleuy.

Además, el subsecretario aseguró que “si un cajero detonado cumple con las medidas de seguridad acordadas entre el Gobierno y la banca, no será multado. El Decreto 222 de octubre del año pasado es claro y establece cronograma que las entidades bancarias deben ir cumpliendo para otorgar la seguridad necesaria a los dispensadores de dinero y así evitar estos ilícitos”.

Con estas medidas, Aleuy confía en que los robos a cajeros automáticos por medio de la saturación de gas disminuirán, y afirmó que “la seguridad es un proceso de construcción colectivo en que todos debemos colaborar para disminuir los delitos en el país, incluyendo a los bancos, los que deben asegurar cobertura, pero también la seguridad en sus sucursales y cajeros”.

El 1 de agosto pasado, Aleuy se reunió con el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, para coordinar el cumplimiento del Decreto 222, que regula las medidas de seguridad mínimas para los cajeros automáticos, y acordar la reposición de dispensadores que han sido retirados por acciones delictuales en las comunas más vulnerables del país.