En la comisión de Seguridad Ciudadana, el subsecretario del Interior dio cuenta de la matriz empleada por el gobierno para invocar la Ley Antiterrorista. “No sacamos nada con invocar leyes, cuyos estándares son muy altos como para conseguir condenas”, precisó. Y aseguró que solo uno de los 11 programas del gobierno anterior fue finiquitado porque no era efectivo.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, asistió este miércoles a la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, para dar cuenta de la labor realizada por el gobierno en el combate a la delincuencia y responder a los requerimientos de los parlamentarios sobre los delitos que han marcado la agenda noticiosa.

“La reunión sirvió para clarificar conceptos y para concordar un trabajo mensual con la comisión para debatir y no hacer interpretaciones sobre este tema”, indicó la autoridad, quien se comprometió a acudir periódicamente a la comisión de Seguridad, en respuesta a la invitación formulada por los diputados.

El subsecretario dio cuenta de la modificación del decreto exento que regula el traslado de los camiones de transporte de valores y que significó un aumento de las condiciones de seguridad, fijando una limitación horaria, entre las 7:00 y las 23:00 horas; y estableciendo que los camiones blindados deberán tener cuatro ocupantes durante sus operaciones.

La autoridad informó que se les exigió, además, a las empresas “aumentar sus niveles de seguridad en la contratación, porque como ustedes se han podido dar cuenta, ya fueron detenidos – en el caso de transportes de valores – tres personas que son de la misma empresa. Entonces hemos instalado un conjunto de condicionantes que sean adecuados a los estándares delictuales que existen en el país”.

Durante la sesión, Aleuy deslizó una de las tesis investigativas respecto del robo a camiones de transporte de valores. “La información que tenemos es que este grupo organizado, lo más probable es que haya sido subcontratado, y que los eventuales subcontratistas sean personas que tienen ligazones de otro tipo, entendiendo que la información base proviene desde las empresas. Por eso ya fueron detenidos tres personas en un caso, ya fue detenido otro en un servipag. Nuestra impresión es que seguirán las detenciones progresivamente hacia adelante, tanto en los casos conocidos individuales como en el del aeropuerto”, afirmó Aleuy.

En este mismo tema, el subsecretario del interior agregó que junto con las medidas adoptadas, se ha entregado el apoyo necesario a la Fiscalía. “Dado que el Gobierno no es quien puede llevar investigaciones adelante, hemos tomado la determinación de apoyar a la Fiscalía de manera muy sustantiva. Cuando hablamos de apoyarla estamos hablando de liberar a los fiscales de sus causas para que se puedan concentrar, como por ejemplo, en el caso de transporte de valores”, precisó.

Alerta hogar: el único de los 11 programas finiquitado

El subsecretario fue enfático en señalar que sólo uno de los 11 programas del gobierno anterior en materia de seguridad fue terminado: Alerta Seguro. La razón fue la escasísima eficiencia y eficacia del plan, pues durante el segundo semestre de 2013 fueron firmados tratos directos con tres compañías de telefonía móvil, adquiriendo una bolsa de $5.142.855 en servicio de mensajes telefónicos. Durante el período que permaneció activo el sistema, desde julio 2012 hasta diciembre de 2013, se activaron efectivamente un total de 47 alarmas efectivas, cuyo costo promedio fue más de $30 millones, cada uno.

El diputado Arturo Squella criticó el planteamiento del subsecretario al señalar que le parecía una falta de respeto desestimar dicho programa y argumentó que bajo esa lógica sería lo mismo que medir el dinero que gastan el Ministerio Público y las policías versus las condenas que logran. Aleuy le respondió que el gobierno requiere programas eficientes y eficaces que de verdad vayan en beneficio de la mayor cantidad de personas.

Otra de los temas abordados fue la invocación de la Ley Antiterrorista y el ataque a un cuartel de la PDI. El subsecretario explicó que la misma lógica de la efectividad es la que el gobierno utiliza para enfrentar los delitos. “Para determinar qué tipo de ley aplicamos, tenemos en cuenta tres factores: tipo de artefacto utilizado, entorno del hecho específico y las pruebas para ese mismo hecho”, precisó. Y explicó que “no sacamos nada con invocar leyes, cuyos estándares son muy altos como para conseguir condenas. El mejor caso fue el de Luciano Pitronello. Todo el mundo vio en TV cómo instalaba un artefacto explosivo, pero no fue posible probar que pretendía generar terror en la población», sostuvo Aleuy.

Adicionalmente, explicó que en el caso del ataque a la PDI se resolvió invocar la Ley de Seguridad del Estado y otras leyes como ley de control de armas, incendio entre otras, para así asegurar una alta condena a quienes arrojaron bombas incendiarias en dependencias de la PDI, lo que podría sumar más de 25 años.

La diputada Marcela Sabat consultó al subsecretario qué opinión le merecían las supuestas declaraciones del intendente metropolitano, Claudio Orrego, en el sentido que el accionar de la PDI para repeler el ataque a la Brigada de Homicidios había sido desmedido. Aleuy aseguró que él no había escuchado decir esas palabras al intendente y, de hecho, luego llamó a la autoridad regional para consultárselo, lo que fue desmentido por el propio Orrego.