El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, defendió la utilización de la Ley de Seguridad del Estado por el ataque al cuartel de la Brigada de Homicidios el lunes pasado. Y dijo que dicha ley es más efectiva que la Antiterrorista para perseguir a quienes atacaron la sede policial.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, expresó que “si aplicamos la Ley Antiterrorista en el ataque a la Brigada de Homicidios de la PDI lo que va a pasar es que quienes cometieron este hecho van a quedar libres, y eso es lo que queremos evitar. Lo hacemos sobre la base de la efectividad procesal, por un lado, y de la condena, por otro”.

Así respondió la autoridad a quienes plantearon que el Ejecutivo debiera haber invocado la Ley Antiterrorista y no la Ley de Seguridad del Estado. “Hay ciudadanos o autoridades fuera del Gobierno que quieren aplicar una ley que, a nuestro juicio, lo único que hace es permitir la impunidad», sostuvo el subsecretario. “Con medidas efectistas no se construye una política de seguridad del Estado”, afirmó.

Aleuy sostuvo que «uno tiene que ser lo suficientemente responsable para invocar una ley que permite investigar y condenar adecuadamente. No puede ser que ocurra lo que nos pasó con el caso Pitronello, donde una persona puso una bomba; de hecho, perdió parte de su brazo en eso, y está en su casa».

Las mismas palabras fueron utilizadas por el subsecretario Aleuy tras asistir el miércoles a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde explicó que, junto a la invocación de la Ley de Seguridad del Estado, también se añadieron otros delitos, como infracción a la ley de control de armas, incendio y atentado contra la autoridad pública, para así asegurar una alta condena a quienes arrojaron bombas incendiarias en dependencias de la PDI, lo que podría sumar más de 25 años.

En tanto el martes pasado, minutos después que la Intendencia Metropolitana hubiera presentado la querella, Aleuy aseguró que el Gobierno no invoca leyes “para hacer un show”, y que la Ley Antiterrorista “no es eficiente, por muy rimbombante que sea. Si tuviéramos una ley ágil para enfrentar este tipo de delitos, si tuviéramos una nueva ley Antiterrorista perfeccionada, la hubiéramos invocado. Pero con la actual legislación es muy difícil tener eficiencia en un juicio”, puntualizó.

La autoridad recordó que el Ministerio del Interior utiliza una matriz de tres puntos para establecer si corresponde o no invocar la Ley Antiterrorista: potencia del artefacto explosivo, cantidad de gente que pudo haber sido afectada y la calidad de las pruebas que el Ministerio Público y las policías puedan recabar.

En el caso del ataque del cuartel a la PDI, Aleuy dijo que “no se cumplen los elementos objetivos para invocar la ley Antiterrorista. Sin embargo, considerando la gravedad del hecho, la planificación y características del mismo que provocaron una grave alteración del orden y tranquilidad pública, se justifica la invocación de la ley de Seguridad del Estado”.

La autoridad recalcó que ahora es tarea del Ministerio Público determinar las pericias necesarias para aclarar el hecho delictual, sin embargo -según la calificación penal de la Ley de Seguridad del Estado (LSE)- los individuos que atacaron el cuartel de la PDI arriesgan penas de más de 20 años de cárcel. Cinco años de sanción por LSE; hasta 10 años por incendio; hasta 10 años por porte de artefacto incendiario; y hasta 540 días por lesiones a funcionarios PDI.