El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, descartó que se aplique estado de excepción en la zona y se mostró esperanzado en que a fines de enero se firmará un acuerdo social y productivo para la región con todas las fuerzas políticas. Informó que entre julio de 2014 al día de hoy- ha habido 190 incendios en la Región de la Araucanía, contra 360 en el mismo período anterior. Aseguró que La Moneda no hará un acuerdo político para eventualmente resolver el caso Penta: “La justicia en Chile tiene que operar”, subrayó.

Aleuy, descartó que el gobierno vaya a decretar estado de excepción en La Araucanía y aseguró que se emplearán todos los instrumentos legales que permita el estado de Derecho para enfrentar los hechos delictivos en la región. Así respondió a una consulta periodística sobre la petición formulada por los agricultores, agrupados en la Sociedad de Fomento Agrícola, de aplicar estado de excepción en la mayoría de las comunas de la Región de La Araucanía.

“Entiendo que la reacción de muchos ciudadanos sea pedir medidas extremadamente duras como un estado de excepción, pero en ningún período de la democracia se ha aplicado estado de excepción, solo se aplicó en tiempos de la dictadura”, indicó Aleuy.

A juicio de la autoridad, la evaluación del gobierno hasta este minuto “no da para ese tipo de medidas y creemos que más allá de entender lo afectadas que puedan estar muchas familias y muchos chilenos que han sido atacados por estos delincuentes, tenemos la impresión que con las acciones políticas, sociales y de gobierno que estamos desarrollando en la región, podremos dar un cauce adecuado a un conflicto como éste”.

Adelantó que luego de la reunión que sostuvo con senadores y diputados RN a fin de mes vamos a tener efectivamente firmado un pacto por el desarrollo de La Araucanía, con todas las fuerzas políticas.

Aleuy recalcó que “no creemos que este conflicto se resuelva con medidas especiales, sino con las leyes que tenemos vigentes, aplicadas adecuadamente en cada caso”. Advirtió además que es indispensable que los casos se resuelvan no solo policialmente, sino judicialmente.

Recordó que “nuestra tarea ha sido en todos los casos hacer un esfuerzo porque la resolución policial de todo este tipo de delitos, lo hagamos en tiempo y forma, pero después naturalmente esto le corresponde a la fiscalía y al poder judicial”.

El subsecretario además realizó una evaluación de los incendios en la zona y dijo que -de acuerdo a la información de CONAF en el período que va desde julio del año 2014 al día de hoy-, “tenemos 190 incendios en la Región de la Araucanía, contra 360 del período anterior. Además tenemos menos número de hectáreas quemadas: a la fecha van 883 versus 10.986 que fueron consumidas en el período anterior”.

Sin embargo, Aleuy se mostró igualmente preocupado, porque “naturalmente hechos que a veces son fortuitos por las temperaturas, se ligan al conflicto mapuche. Voy a poner un ejemplo anexo, hace unos días se quemaron tres camiones y naturalmente que todo el mundo pensaba que esto era producto de una acción realizada por indígenas y resulta que fue un desperfecto eléctrico de uno de los camiones, que se irradió al resto. Por lo tanto, debemos hacer una separación en los eventos que ha habido para identificar, con nitidez, cuáles corresponden al conflicto mapuche y cuáles no”.

No a un acuerdo político en caso Penta

El subsecretario descartó de plano que el gobierno vaya a realizar algún tipo de “operación” que pudiese entorpecer la investigación del Ministerio Publico.

“El gobierno no va hacer un acuerdo político para eventualmente resolver algo que está en tramitación judicial. La justicia en Chile tiene que operar. No va haber acuerdo político para resolver un caso que está en la justicia”, recalcó Aleuy.

“Quiero, aclarar además que cuando se hace la comparación con el caso Mop Gate, en esa fecha no existía la Reforma Procesal Penal, que existe hoy”, dijo el subsecretario.

Consultado por la iniciativa legal que está en el Congreso para generar un financiamiento más transparente de la política, el subsecretario Aleuy respondió que “el proyecto de ley de financiamiento de la política, tiene que ver con una aspiración histórica de las fuerzas democráticas de este país. Nosotros hemos venido insistiendo desde 1990 que los candidatos tienen que tener financiamiento público, porque cuando no existe financiamiento público suceden todo este tipo de problemas: irregularidades en el traspaso de fondos, actores privados que finalmente lo que hacen es condicionar los votos o intentar condicionar el comportamiento político en el parlamento”.