El subsecretario del Interior y los fiscales regionales de la zona oriente se reunieron esta tarde para afinar una estrategia que permita perseguir criminalmente el negocio del armamento y municiones que están fuera del marco legal.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y los fiscales regionales de la Zona Metropolitana, Solange Huerta (Occidente); Andrés Montes (Centro Norte); Raul Guzmán (Sur); y José Veizaga (subrogante de la zona Oriente); anunciaron la designación de cuatro fiscales preferentes de sus respectivas zonas para perseguir el negocio de las armas y municiones  ilegales que proliferan en las poblaciones de Santiago.

La idea del Gobierno y del Ministerio Público es detener un “flujo del terror” que existe en barrios, donde grupos de delincuentes someten a civiles inocentes. Uno de estos elementos fue el que terminó ayer con la vida del cabo de Carabineros Alejandro Gálvez, abatido en la madrugada de hoy en medio de una nueva conmemoración del “Día del Joven Combatiente”.

“Hemos hablado con los cuatro fiscales de lo que aconteció anoche. Hemos concordado que van a haber 4 fiscales preferentes en la Región Metropolitana, uno por cada fiscalía regional. El gobierno se ha comprometido de proveer de los equipos policiales para poder luchar contra el tráfico de armamento y municiones en el país, que son la fuente de este tipo de delitos», explicó el subsecretario.

La autoridad especificó que para dicho control “vamos a atacar dos frentes: primero las armerías y segundo los que efectivamente usan las armas”. De esta manera, los fiscales estarán «dedicados a esta tarea y nosotros proveeremos no sólo del apoyo de policías, sino también del apoyo técnico», dijo.

Planes reguladores

Al ser consultado por las críticas de las autoridades locales, respecto a la falta de información sobre los posibles aluviones que azotaron Atacama y Taltal, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy explicó que parte de la responsabilidad de esta situación, corresponde a las autoridades locales.

«Aquí hay un problema que nadie quiere asumir, es que los municipios, en particular sus alcaldes, deben impedir que los planes reguladores permitan que las casas se construyan en zonas aluviales que están todas definidas. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para que quienes definen los planes reguladores, los municipios, impidan que se construyan viviendas que puedan ser afectadas por tsunamis (…). El esfuerzo que hay que hacer para evitar que tengamos este tipo de emergencia, con la consecuencia para las vidas humanas, es un esfuerzo de todos. En esto los alcaldes son muy importantes, porque el plan regulado depende de ellos», puntualizó Aleuy.