El acuerdo creará una mesa de alto nivel, que propondrá soluciones concretas a las demandas reparatorias de las agrupaciones de ex presos políticos y que debe constituirse a más tardar el próximo 30 de mayo. Además, el Gobierno enviará una “Ley Corta” que definirá un aporte único de carácter reparatorio.

Tras 40 días de movilizaciones, el Gobierno y dirigentes de ex Presos Políticos llegaron a un acuerdo para deponer la huelga de hambre que mantenían aproximadamente 100 personas en diferentes ciudades del país, quienes demandaban una reparación justa del Estado chileno por los crímenes ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

El acuerdo creará una mesa de alto nivel, que propondrá soluciones concretas a las demandas reparatorias de las agrupaciones de ex presos políticos. Esta mesa estará conformada por las instituciones firmantes, a quienes se sumarán representantes de los  ministerios de Hacienda y Desarrollo Social; los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados (o a quienes ellos designen en su representación); el Instituto Nacional de Derecho Humanos; y el representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La instancia se abocará a revisar las indemnizaciones civiles reparatorias, y buscará fórmulas que permita cumplir con las obligaciones establecidas por la ONU “en materia de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a favor de los ex presos políticos Chilenos, víctimas de violaciones a sus derechos humanos, durante la Dictadura Cívico-Militar”, según consigna el documento.

La mesa también estudiará y acordará iniciativas administrativas, judiciales y legales que se diseñarán en los seis meses siguientes al término del trabajo de la mesa. Estas conclusiones permitirán dar fe del compromiso de Gobierno de llegar a una solución definitiva a las demandas de los actuales beneficiarios Valech.

La mesa, que será presidida por el obispo Goic, se constituirá a más tardar el próximo 30 de mayo y entregará sus propuestas en un plazo de 45 días corridos.

El documento definitivo fue firmado por el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic; la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva; el director del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugas; y los representantes de Ex Presos Políticos y Familiares, David Quintana, Santiago Quintanilla y Pedro Muñoz.

Ley Corta

El acuerdo contempla compromete al Gobierno al envío de un proyecto de “ley corta”, que definirá un aporte único, de carácter reparatorio, en base a las propuestas formuladas durante la negociación por los ex presos políticos y el Ejecutivo. El proyecto de ley será ingresado al Congreso en un plazo máximo de un mes tras conformada la Mesa, y gozará de urgencia legislativa, que no será retirada ni modificada.

Además, en relación a la persecución penal y a la sanción de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, se impulsarán las medidas necesarias para impedir la impunidad.