El grupo de trabajo -conformado por el Programa de DD.HH del Ministerio del Interior y agrupaciones de ex Presos Políticos- redactará las medidas que estarán contenidas en el proyecto de “ley corta”. Esta iniciativa definirá un aporte único, de carácter reparatorio y tendrá que ser enviado al Parlamento con urgencia legislativa.

Continuando con el compromiso adquirido por el Gobierno tras el fin de 40 días de huelga de hambre de un centenar de ex Presos Políticos el pasado 23 de mayo, la mesa de alto nivel –creada gracias al acuerdo con las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, y que reúne a la Iglesia, el Parlamento, el Ejecutivo, la ONU y agrupaciones de ex Presos Políticos- acordó la creación de una subcomisión para determinar las propuestas que contendrá un proyecto de “ley corta”, para definir un aporte único de carácter reparatorio.

Las propuestas que contendrá el proyecto de ley serán presentadas por la subcomisión –conformada por el Programa de DD.HH del Ministerio del Interior y representantes de las agrupaciones de ex Presos Políticos- a la mesa de alto nivel el próximo viernes 12 de julio. Ésta deberá proponer al Ejecutivo el contenido de la iniciativa legal para que ingrese al Congreso con urgencia legislativa a más tardar a fines de junio.

La génesis de la subcomisión fue decidida hoy, tras desarrollarse la segunda reunión de la mesa de alto nivel. En la sesión de hoy también expuso la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, quien abordó la realidad de otros países en materia de reparación a víctimas de dictaduras.

Integrantes de la mesa

La mesa de alto nivel se conformó el 29 de mayo pasado y está constituida por el Obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goic;  la subsecretaria de Presidencia Patricia Silva; el diputado Claudio Arriagada; el senador Juan Pablo Letelier; el alto comisionado de la ONU en DD.HH, Jaime Vidal; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries; el Comando Unitario de Ex Presos Políticos; y la comisión negociadora que representan a ex huelguistas de hambre. La instancia cuenta con 45 días corridos para determinar las medidas reparatorias necesarias.

La instancia también revisará las indemnizaciones civiles reparatorias, y buscará fórmulas que permita cumplir con las obligaciones establecidas por la ONU “en materia de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a favor de los ex Presos Políticos Chilenos, víctimas de violaciones a sus derechos humanos, durante la Dictadura Cívico-Militar”, según consigna el documento de acuerdo firmado entre el Ejecutivo, parlamentarios y las víctimas de DD.HH.