Javiera Blanco explicó, además, que se revisará el reglamento penitenciario de manera que los beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad se den con causales “más rigurosas y estrictas”.

Así lo informó la secretaria de Estado, luego de reunirse con familiares de las víctimas del denominado Caso Degollados, operación en la que Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada fueron secuestrados, torturados y asesinados por agentes del estado en marzo de 1985.

La apelación del Ejecutivo, que según aclaró la ministra Blanco “en ningún caso pretende calificar una decisión judicial”, se llevará adelante a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

La decisión fue comunicada este martes tras conocerse un fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que concedió la libertad condicional al ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) Alejandro Sáez Mardones, condenado en 1991 a presidio perpetuo por el asesinato de estos tres profesionales.

La secretaria de Estado agregó que en materia de Derechos Humanos, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet tiene un compromiso que se traduce en cosas concretas.

“Ya estamos revisando el reglamento penitenciario para poder avanzar en la definición de causales más rigurosas y estrictas para aquellas casos que si bien están catalogados como delitos comunes, porque en aquella época (dictadura) no nos permitía tipificarlo como delitos de lesa humanidad. Eso es parte de los proyectos de ley que vamos a poner en tabla (en el Senado) como la imprescriptibilidad y la (no) amnistiabilidad de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, donde obviamente van a estar las limitaciones y prohibiciones de los beneficios carcelarios”.

Para Francisco Ugás, Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, “el objeto de la presentación es que la Corte Suprema conozca los antecedentes y revoque la resolución que ha dictado la Corte de Apelaciones de Santiago y, en definitiva, no conceda el beneficio de la libertad condicional a Sáez Mardones quien fue condenado a presidio perpetuo simple por el Caso Degollados”.

Tras estos anuncios, Manuel Guerrero Antequera, hijo del profesor Manuel Guerrero Ceballos, agradeció la acogida de la Ministra: “La recepción de nuestra causa nos fortalece y nos anima a continuar lo que ha sido nuestra conducta de vida que es exigir justicia, nada más ni nada menos”.

Mientras que Camilo, uno de los hijos de José Manuel Parada, también agradeció el apoyo del Ministerio y su compromiso con los derechos humanos: “Nos gustaría expresar que quienes estamos aquí no estamos solamente como familiares, también estamos como ciudadanos. Creemos y estamos convencidos que los DDHH son universales y que tocan y se relacionan con el conjunto de la sociedad”.

“Nosotros queremos que se haga justicia en Chile porque como en nuestro caso, ya llevamos 40 años en esa búsqueda”, señaló la viuda de Manuel Guerrero, Verónica Antequera.