El jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa, destacó que las penas para este delito son más severas luego que el gobierno impulsara una modificación legal que se encuentra vigente desde febrero de 2015.

Acogiendo la solicitud del Ministerio del Interior en su calidad de querellante y de la Fiscalía Regional Sur, el 11° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió el jueves 19 de noviembre la prisión preventiva de dos imputados vinculados a la colocación de artefactos explosivos en las inmediaciones de la 12° Comisaría de Santiago (29 de octubre de 2015) y la Escuela de Gendarmería (19 de noviembre de 2015), en el marco de la audiencia de control de detención y de formalización de la Investigación.

Al término de la audiencia, que se prolongó por más de seis horas, el jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas, indicó que “valoramos la decisión del tribunal y estamos satisfechos porque se han recogido los planteamientos hechos tanto por el Ministerio del Interior como por el Ministerio Público. Son elementos contundentes, suficientes para dar por acreditada, hasta este estado, la participación de estas dos personas en estos lamentables hechos”.

Los argumentos planteados por Interior y que fueron recogidos por el tribunal fueron: que en el caso se cumplía el estándar procesal para decretar la prisión preventiva; las reglas de determinación de la pena para los delitos que se imputan; y la imposibilidad de los imputados a acceder a beneficios en caso de ser condenados.

El abogado indicó que se trata de un delito “extremadamente grave”, cuyas penas aumentaron a partir de la modificación legal impulsada por el gobierno de la Presidenta Bachelet y que está en vigencia desde febrero pasado que, entre otros aspectos, en caso de condena establece el cumplimiento efectivo en la cárcel.

La defensa de los imputados solicitó que, para efectos públicos, ambos imputados fueran individualizados por sus iniciales, cuestión a la que se allanó el Ministerio Público y que concedió el juez de garantía, Pablo Noziglia.

Así, conforme a los antecedentes presentados en la audiencia, J.I.G.Ch y K.A.G.F fueron imputados de la colocación de un artefacto explosivo en las inmediaciones de la 12° Comisaría de Carabineros de San Miguel, para lo cual la Fiscalía presentó una serie de antecedentes, entre los que se cuenta una secuencia de grabaciones de video, registros vinculados a la utilización de teléfono celular, al uso de tarjetas de transporte público, entre otros antecedentes.

En cuanto al delito de colocación de artefacto explosivo en las afueras de la Escuela de Gendarmería, hecho ocurrido el 19 de noviembre pasado, K.A.G.F fue sorprendido por Carabineros dejando un bulto en el lugar, que fue detonado, tras lo cual se detuvo al imputado en flagrancia.

El tribunal concedió 150 días para el desarrollo de la investigación y dispuso el ingreso de los imputados a un centro penitenciario.

Revisa las querella acá: Escuela de Gendarmería – Comisaría San Miguel