Intendente de Valparaíso anunció que se invocará esa legislación para buscar aplicar las sanciones más severas a los responsables de los inaceptables hechos delictuales.

Una querella por ley de seguridad del Estado presentará el Gobierno para perseguir penalmente a los responsables de los graves hechos ocurridos en Valparaíso y que significaron la muerte de un trabajador municipal, a raíz de un incendio intencional provocado por delincuentes.

El intendente de la región de Valparaíso, Gabriel Aldoney, condenó estos inaceptables hechos y señaló que el gobierno, en su calidad de querellante, llegará hasta las últimas consecuencias para identificar y sancionar a los responsables que utilizan el legítimo derecho a manifestarse para cometer deleznables delitos.

“Dada la gravedad de los hechos, nosotros hemos tomado la decisión de solicitar la aplicación de la ley de seguridad del Estado. Lo hacemos porque esto no solamente agrava las causas sino porque permitirá que las investigaciones se hagan con la celeridad máxima y porque los procesos judiciales se enmarquen dentro de la máxima sanción que el sistema jurídico nos permite a nosotros como autoridades reaccionar frente a este hecho”, indicó el intendente Aldoney

La autoridad agregó que Eduardo Lara falleció por asfixia y que el proceso de rescate fue dificultado por delincuentes que atacaron a bomberos para poder iniciar prontamente la acción parta extinguir el incendio que en ese momento estaba situado en el primer piso. Agregó que “también impidió que la ambulancia llegara más pronto al lugar, lo que probablemente hubiese facilitado o mejorado las posibilidades de que Eduardo no falleciera”.

El intendente indicó que los 19 detenidos en manifestaciones realizadas en Valparaíso, no hay personas vinculadas al incendio y añadió que tanto Carabineros como la PDI están realizando indagaciones con otros medios de prueba “y yo espero que eso, a la brevedad posible, concluya con los antecedentes necesarios para no solamente identificar a los responsables, sino que también para sancionarlos como corresponde”.

Por último, Aldoney señaló que “nosotros como autoridad tenemos la obligación constitucional de garantizar la libre manifestación de las personas. Yo creo que aquí lo que hace falta es que los organizadores de esta manifestación también asuman la responsabilidad y condenen los hechos, porque este es un hecho que traspasa la simple acción de un par de vándalos, de un grupo minoritario de vándalos que se introduce según algunos, otros que forma parte de los manifestantes, pero que en definitiva son personas que delinquen. Y a mí me gustaría que con la misma fuerza con que estoy diciendo esto, las organizaciones que han solicitado las autorizaciones se hagan responsables de los hechos que bajo los cuales ellos han solicitado estas autorizaciones de estas manifestaciones, debido a que aquí estamos ante un problema que tiene un carácter de gravedad que no puede ser aceptado”.