Ambos detenidos fueron sorprendidos por personal de la Policía de Investigaciones en un sector de Los Ángeles con armamento semiautomático e intentaron huir del control policial.

Una querella por porte ilegal de arma de fuego y porte de municiones, presentó esta mañana el intendente de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz en contra de Ernesto Llaitul Pezoa e Ismael Queipul Martínez, quienes fueron detenidos por personal de la Policía de Investigaciones ayer en el sector de Vega Tachada, en Los Ángeles, y puestos hoy a disposición del Juzgado de Garantía de esa ciudad.

El intendente Díaz destacó que ambos detenidos “portaban armamento semiautomático, con munición que, presumiblemente, estaba destinada para cometer acciones delictuales vinculadas a terrenos del Alto Biobío o también hacia los delitos que se han cometido en la carretera hacia el sur de la comuna de Mulchén”.

La autoridad destacó que “hay un trabajo permanente para poder erradicar la violencia, que ha afectado tanto a trabajadores como también a algunas propiedades y a equipo fiscal que ha estado trabajando en el Alto Biobío”, en relación a los atentados sufridos por contratistas vinculados al mejoramiento de caminos.

Respecto de la presentación de la querella, el intendente sostuvo que “estamos trabajando de acuerdo a las normas del Estado de Derecho para poder pesquisar a los presumiblemente responsables de estas acciones. Cuando alguien está portando armas semi automáticas, que se le han borrado a ambas su identificación, cuando se portan balas y no son elementos propios que se deben usar para tener algún tipo de pretensión política o social, lo que hacen las personas que portan este tipo de instrumentos es cometer delitos. Por lo tanto, nuestra presunción es que las personas que hemos detenido son delincuentes”, sostuvo Rodrigo Díaz.

Añadió que gracias a las modificaciones a la Ley de Control de Armas y Explosivos aprobada durante el actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, las penas que arriesgan los imputados de este delito “van de 3 años y un día a 5 años”.

Audiencia y medidas cautelares

Tras la presentación de la acción judicial, el gobierno participó como querellante en la audiencia de control de detención, oportunidad en la que adhirió a la solicitud de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público en contra de ambos detenidos.

La decisión del tribunal fue prisión preventiva para Ernesto Llaitul y firma semanal para Ismael Queipul, con prohibición de este último de acercarse a Llaitul.