El subsecretario del Interior afirmó que este tipo de paralizaciones “siempre afectan a los más pobres”, por los cual se requiere de un acuerdo en el Congreso que permita aprobar el reajuste. Además, propuso estudiar una norma legal que regule el proceso de negociación colectiva para los funcionarios públicos.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se refirió esta mañana al reajuste propuesto por el Gobierno para destrabar la paralización de los funcionarios públicos y señaló que “la coalición que apoya este gobierno tiene la obligación de aprobarlo, sino los trabajadores públicos se van a quedar con cero reajuste”.

En entrevista con T13 Radio, la autoridad de Gobierno explicó que «los parlamentarios tienen que tomar la decisión del proyecto de ley que el Gobierno está en condiciones de enviar, en función de la situación económica del país” y advirtió que “la paralización de los funcionarios del sector público afecta siempre a los más pobres, por lo tanto es responsabilidad de todos establecer un acuerdo mínimo”.

Aleuy reiteró que desde el 2014 a la fecha el Ejecutivo ha impulsado 36 proyectos de ley, que han beneficiado a los trabajadores del sector público. “Eso equivale en recursos, de 2014 al 2019, a un billón de pesos. Lo que está en discusión en este proyecto es otro billón adicional”, detalló.

“Si las condiciones de negociación futura son tan complejas, pensando en los más pobres del país, lo que deberíamos hacer es una ley de negociación colectiva del sector público (…) Aquí hay una anomalía en la negociación del sector público, negocia por sector, después por ministerio, después por territorio y al final nacionalmente”, propuso el subsecretario.

Sobre la posibilidad de mejorar la oferta de reajuste y bonos, Aleuy manifestó que el Gobierno planteó, en una primera instancia, bonificaciones por un total de 57 mil millones de pesos, cifra que aumentó en el veto aditivo enviado al Congreso el 8 de noviembre pasado a casi $67 mil millones.  “El fin de semana se le ofreció a la mesa introducir todos estos recursos en el sector más carenciado de los funcionarios públicos, aquellos que tienen sueldos líquidos hasta 550 mil pesos, lo que da un bono de 135 mil por cada uno. Y eso fue rechazado”, explicó.

Finalmente, el subsecretario aseguró que con esta discusión no se trata de “ganar un gallito ni derrotar a nadie. Se trata de que los funcionarios públicos tengan un reajuste digno de acuerdo a la realidad económica del país. Eso es lo responsable”.