La acción judicial, dirigida en contra del alcalde Erasmo Valenzuela, señala que en el municipio “se han arrogado las funciones de mantenimiento del orden y seguridad pública que legalmente le competen a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, constituyéndose entonces en una milicia privada o partida militarmente organizada al margen del Derecho”.

Luego que la Contraloría General de la República rechazara la creación de una “policía municipal” en Calera de Tango y que considerara que el municipio excede el ámbito de sus atribuciones en la conformación de un cuerpo de guardias armados, ajeno a Carabineros y la PDI; el Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentó una querella por milicias privadas en contra del alcalde de esa comuna, Erasmo Valenzuela, destinada a establecer las sanciones que correspondan por este hecho.

En el marco de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, detalló que la decisión del órgano contralor permite establecer con nitidez cuál es el ámbito de acción de los guardias e inspectores municipales, los que, en ningún caso, pueden arrogarse facultades que son propias de las instituciones policiales.

“Hemos presentado la querella correspondiente a partir del informe que entregó la Contraloría, como ustedes saben, nosotros no compartimos que hayan milicias privadas a cargo de la seguridad del país”, sostuvo Aleuy.

La querella indica que “de acuerdo a los antecedentes que se aportarán en el curso de la investigación (…) aparece claramente que, a partir del 7 de febrero de 2017, en la comuna de Calera de Tango se ha conformado un grupo de personas, compuesto por funcionarios en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile con permiso para portar armas, liderados – en su fase operativa – por Álvaro García, que se han arrogado las funciones de mantenimiento del orden y seguridad pública que legalmente le competen a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, constituyéndose entonces en una milicia privada o partida militarmente organizada al margen del Derecho”.

Repudio a agresiones, hechos de violencia en Valparaíso y pensiones

El subsecretario indicó también que el gobierno presentó una querella en contra de quienes resulten responsables de los desórdenes públicos y daños provocados durante el ataque sufrido por el precandidato presidencial de Evópoli, Felipe Kast; que se suma a la querella interpuesta el día miércoles contra quienes atacaron en contra de un fiscal del Ministerio Público en Collipulli.

“También informamos sobre lo que haremos sobre los hechos de violencia que se han producido contra fiscales y jueces como es el caso de Collipulli, querella que se presentó el día de ayer. Lo mismo hemos hecho en el caso de un candidato presidencial que el Gobierno no aceptará que se pase de la violencia verbal a la violencia física en el país, como estos hechos lo demuestran”.

Respecto de los hechos de violencia que se han registrado durante las últimas semanas en la Región de Valparaíso, el subsecretario anunció la ampliación el plan de servicios especiales de las policías hacia otras ciudades de la región, tales como Quilpué y Villa Alemana. Además, la próxima semana Aleuy encabezará un comité policial especial en Valparaíso, con el objetivo de fortalecer acciones en la materia.

“El procedimiento que hemos adoptado es que hemos intensificado el control diario y nocturno donde estos hechos se producen”, explicó la autoridad.

Finalmente, al ser consultado por la supuesta presentación del proyecto denominado “Ley Araucanía” el próximo 29 de mayo, consignado en un medio de circulación nacional, Aleuy señaló que “esa es una información que alguien entregó que es tergiversada”, y agregó que “el gobierno no se ha comprometido a entregar una ley en una fecha determinada en particular. La ley se entregará en el minuto que tengamos un acuerdo sustantivo en el trabajo que estamos haciendo con los parlamentarios de la región y eso está avanzando en los ritmos que corresponde a un proyecto de ley. Y una vez que tengamos lo anunciaremos”.

Sobre las pensiones que reciben generales en retiro y ex oficiales, condenados por causas de violaciones a los Derechos Humanos, el subsecretario Aleuy explicó que «nosotros no estamos para entregar opiniones sobre la ley. En Chile la ley es una sola, está tipificado en la ley las pensiones que reciben los ciudadanos de este país. Lo que sí puedo decir es que en el proyecto de ley que el Gobierno tiene que presentar en materia de pensiones, donde el ministro de Hacienda informará que lo hará en el transcurso de los próximos 3 meses, abordaremos temas de esta naturaleza». Al ser requerido nuevamente por si será dicha instancia la que verá el tema, Aleuy dijo que «eso lo verá el Ministerio de Hacienda».

Consejo de Seguridad Pública

Estas declaraciones se emitieron tras efectuarse una nueva sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano que es presidido por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Mari Fernández, e integrado por actores preponderantes tanto en la implementación como en el desarrollo de las políticas públicas de prevención y sanción de delitos.

Los temas abordados durante la cita estuvieron enfocados en los avances de los distintos ministerios y servicios respecto del Plan Nacional de Seguridad y las medidas propuestas por los mismos organismos para desarrollar en las regiones de Arica y Parinacota, Los Ríos, Coquimbo y Atacama. Estas regiones presentaron un crecimiento de los casos policiales por delitos de mayor connotación social, de acuerdo al balance de casos policiales enero-diciembre del año 2016.

La misión del consejo es asesorar al ministro del Interior y Seguridad Pública en la elaboración de políticas nacionales de seguridad pública, tratando temas de seguridad contingentes, relacionados con lo que está aconteciendo a nivel nacional.

Además del ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández, a la reunión asistieron los ministros de Justicia, Jaime Campos, y de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual; los subsecretarios del Interior, Mahmud Aleuy, de Prevención del Delito, Óscar Carrasco y de Justicia, Nicolás Mena; el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo; el fiscal nacional (s), Pablo Gómez; la representante de la Defensoría Nacional, Viviana Castel; el general director de Carabineros, Bruno Villalobos; el director general de PDI, Héctor Espinosa; el director nacional de Gendarmería de Chile, Jaime Rojas; la directora del Sename, Solange Huerta; y los alcaldes de San Joaquín, Sergio Echeverría y de Puente Alto, Germán Codina, ambos representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades.