La autoridad participó en el seminario “Infraestructura para la vida” organizado por la Asociación de Concesionarias de Obras Públicas (Copsa), donde entregó un panorama sobre la situación nacional frente a los desastres naturales. Respecto de la carta enviada por los transportistas, dijo que “los ultimátum no son una política correcta cuando lo que estamos tratando de hacer es superar una situación como es en La Araucanía”, dijo la autoridad.

Haciendo un llamado a redoblar los esfuerzos de cooperación público – privado y a profundizar acciones que permitan prevenir los costos sociales y económicos que enfrentan los países tras un desastre natural, como por ejemplo iniciar un debate sobre no construir en zonas de riesgo, hizo hoy el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, al asistir a un panel sobre gestión de emergencias, organizado por el VII Congreso Nacional de Concesiones.

En la ocasión Aleuy entregó un panorama mundial y nacional sobre la situación de los desastres naturales han afectado a la sociedad moderna y los altos costos que estos tienen para los países, en especial para las naciones menos desarrolladas. En este contexto, la autoridad advirtió que, según organismos internacionales, “un dólar invertido en prevención ahorra, 1,4 dólares en terremotos; 4,7 por tormentas; y 5,1 por inundaciones”. Además, añadió que la inversión mundial en prevención equivale al 1% del gasto mundial en respuesta y recuperación post desastre.

Aleuy señaló que los desastres socioeconómicos que se producen en los países no sólo se producen por razones del cambio climático o por fenómenos naturales, sino también por otros dramas sociales. Citando al “Informe Anual 2016” que elabora el Banco Mundial, la autoridad mencionó fenómenos como las pandemias -crisis del Ébola en 2015 generó 11.300 muertes y pérdidas por 2.800 millones de dólares en el PIB interno- o los desplazamientos forzados, en donde una de cada 122 personas ha vivido de este drama por razones climáticas o de conflictividad.

Finalmente, Aleuy hizo un llamado a construir un espacio en común de acuerdo entre el mundo privado y público para enfrentar los problemas de las sociedades modernas, debido a que “no existen instituciones ni países virtuosos capaces de enfrentar este tipo de hechos”.

«Problemas complejos se solucionan con unidad, no con división»

Al finalizar la presentación, el subsecretario del Interior fue consultado por la prensa acerca de un petitorio de siete puntos elaborado por dos confederaciones del transporte de carga, quienes dieron un plazo de siete días para que el Gobierno responda.

“Los problemas complejos de Chile que estábamos analizando recién, como los temas delictuales, requieren que trabajemos todos en conjunto. Uno tiene que hacer el esfuerzo, más allá de lo que piensa sobre los problemas, es que los problemas complejos de este país se van a solucionar con unidad, no con división. Y por lo tanto, los ultimátum no son una política correcta cuando lo que estamos tratando de hacer es superar una situación como es en La Araucanía”, dijo la autoridad.

También se refirió a los dichos emitidos por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Ricardo Ariztía, quien afirmó que existen ONGs europeas que financian este tipo de actos terroristas porque se oponen al sistema de economía. “No tenemos información, lo que hace el Ministerio del Interior en Chile es entregar todo el apoyo policial que los fiscales requieran, ellos llevan las investigaciones, ellos determinan el tipo de acciones que se realizan, el tipo de contingente que se utiliza e informan cuando estiman conveniente”.

Al ser consultado por las críticas al reglamento que regulará las interceptaciones telefónicas y la conservación de datos, el subsecretario Aleuy aclaró: “Toda la información que se le pide a las compañías es por orden de un juez a petición de un fiscal (…). Segundo, lo que se las ha pedido (a las empresas) es que almacenen información que no incluye ni las conversaciones, ni los textos, ni nada por el estilo”.

Finalmente, la autoridad enfatizó que “lo que se les pidió a las compañías es que tengan la información de localización de los teléfonos, por una razón simple: porque hay investigaciones donde las empresas se han demorado 462 días en entregar la información que la fiscalía ha pedido (…). La responsabilidad nuestra que no puede seguir pasando que cada vez que se pida información a una compañía telefónica, la empresa demore un tiempo que lo único que hace es que sea inviable”.