Se trata de una querella y una denuncia presentada paralelamente ante el Juzgado de Garantía de Iquique y ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, las cuales buscan determinar responsabilidad penales de funcionarios públicos y particulares en la comisión de delitos asociados al ingreso de mercancía a territorio nacional.

Con el objetivo de indagar la existencia de delitos de falsificación de instrumento público cometido por funcionario público o por particular, y uso malicioso de instrumento público, entre otros hechos, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentó esta semana dos acciones legales en contra quienes resulten responsables de estos ilícitos al interior del Servicio Nacional de Aduanas de Iquique, Valparaíso, San Antonio y Los Andes.

En el caso de Iquique, la División Jurídica del Ministerio del Interior presentó una querella para perseguir graves irregularidades detectadas en el uso de la partida 033 de la sección cero del arancel aduanero, franquicia que permite a los chilenos residentes en el extranjero ingresar al país un vehículo usado. Según la acción judicial presentada ante el Juzgado de Garantía de Iquique, una organización criminal estaría tramitando ante el Servicio Nacional de Aduanas dicho beneficio aduanero en base documentación falsa, generando perjuicios al erario nacional y contrariando normas específicas sobre la probidad de funcionarios públicos.

En el caso de las sedes del Servicio Nacional de Aduanas ubicadas en la Región de Valparaíso, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ingresó una denuncia ante el Ministerio Público por delitos ocurridos en la denominada “zona primaria”, sector en donde el Servicio Nacional de Aduanas posee jurisdicción. En él se realizan las cargas, descargas, recepción y revisión de las mercancías para su introducción o salida del territorio nacional.

Este ilícito fue consignado en una auditoría efectuada por la Contraloría Regional de Valparaíso en la Dirección Regional de Aduanas, y en las Administraciones de Aduanas de San Antonio y Los Andes, la cual concluye e insta la presentación de acciones por estos hechos.