El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, aseveró ayer que "sería extremadamente grave que existiera una red de protección a Héctor Llaitul entre los organismos públicos que tienen a cargo la persecución de los delitos".

En el Juzgado de Garantía de Temuco fue presentada una querella criminal en contra quienes resulten responsables por los delitos de sabotaje informático y violación de secreto establecidos en el Código Penal, y en las leyes 19.223 y 19.974, luego que se diera a conocer una supuesta red de protección al líder de la CAM, Héctor Llaitul.

En el escrito, el Gobierno solicita un conjunto de diligencias que tienen por objetivo determinar las identidades de las personas mencionadas en una nota de prensa. Además, se solicita establecer su ubicación física y se tome declaración por los hechos investigados a Llaitul.

El detalle completo de las diligencias solicitadas es el siguiente:

1. Se le tome declaración por los hechos investigados a Héctor Llaitul Carrillanca.
2. Se identifique a la abogada de la Fiscalía de la Araucanía que le entregó información de la “Operación Huracán” al sujeto denominado “José”.
3. Se solicite a la unidad de RRHH de la Fiscalía Regional de la Araucanía la nómina completa de los funcionarios que trabajan en la Fiscalía de Alta Complejidad.
4. Se realicen diligencias tendientes a la identificación de la persona denominada como “José”.
5. Se realicen diligencias tendientes a la identificación de la persona denominada como “Marcos ANI”.
6. Se oficie a la Agencia Nacional de Inteligencia para que informe si tiene funcionarios en ejercicio con el nombre “Marcos” o “Marco”, y de ser así que informen su identidad completa.
7. Se solicite autorización para determinar las antenas a las cuales se conectaron en la red de telefonía celular los contactos identificados como “Marcos ANI”, “José” y la abogada de la Fiscalía de Alta Complejidad.
8. Se realicen diligencias tendientes a la identificación del funcionario activo de Carabineros a quien se le habría intervenido el teléfono celular.
9. Se realicen diligencias tendientes a establecer si se logró efectivamente interceptar las comunicaciones del Fiscal Luis Arroyo Palma y del funcionario de Carabineros.
10. Se investigue si la presunta red de protección ha obstaculizado y/o intervenido en otras investigaciones penales en curso.
11. Se acumulen a esta querella las otras tres investigaciones criminales que está realizando actualmente el Ministerio Público por estos mismos hechos.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, aseveró ayer que «sería extremadamente grave que existiera una red de protección a Héctor Llaitul entre los organismos públicos que tienen a cargo la persecución de los delitos».

Revisa la querella aquí.